Editorial Nº 5, 25-05-2021

Recientemente se ha dado por terminado un periodo de 6 meses de Estado de alarma comandado por el cuarto poder mediático, sus estadísticas, sus correlaciones interesadas y su instrumental de apoyo: expertólogos, PCRs y vacunas. La persona media se está cabreando y no es para menos. 6 meses de encierro perimetral (tras la reclusión domiciliaria) junto con el toque de queda nocturno (además del bozal obligatorio y la prohibición de juntarse en grupos de más de 4-6 personas), componen un cóctel ideal para fomentar un forzado distanciamiento social, virtualización de las relaciones y aislamiento del individuo por la vía del miedo a sus iguales.

Mientras los adscritos a la casta privilegiada se vanaglorian en la sombra de viajes, fiestas, cenas, puros y copas; sus fieles seguidores ensalzan el cumplimiento a rajatabla de la Ley y rajan de quien no la cumple. La supuesta contagiosidad estacional se la llevará el calor tardo-primaveral pero la gente común seguiremos comiendo mierda y CO2 en tanto que los “ajustes estructurales” se fraguan en la trastienda de esa pérfida labor de la casta política. Uno de ellos es Pablo Iglesias, que tras su orquestado auto-atentado y su planificada auto-inmolación electoral, deja su “trabajo” después de haber mentido, robado y enriqueciéndose a manos llenas con sus colegas, mientras entregaba su alma por ese maquiavélico fin de “mejorar la vida de las clases más desfavorecidas”. El conjunto de la casta a la que este señor pertenece, deberá dar cuentas en juicio sumarísimo al ente popular, deberá responder ante la Falcata por apropiación indebida de la soberanía popular.

Entretanto, los gerifaltes de lo que llaman España han derivado a Bruselas El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia siendo este “un proyecto de País que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID”. En este tocho de casi 400 páginas, que solo se leerán los que reciben un sueldo por ello, se detallan las líneas estratégicas para poder optar al desembolso millonario de los fondos de la Unión Europea (140.000 millones de euros al parecer).

Vivimos un nuevo proceso de ajustes cuyo objetivo invariable es mantener el statu quo e incrementar el poder de la casta dominante por la vía del sometimiento de la plebe. El caso es que debido a la finitud de los territorios y sus recursos, su conquista, explotación y extracción es cada vez más costosa y, por tanto, los artefactos que propician la transferencia de la riqueza de los pueblos y sus gentes a la casta dominante necesitan ser permanentemente perfeccionados.

Es evidente que la civilización industrial ha generado durante sus escasos 200 años de pujanza, una burbuja de movilidad y producción a remolque de la explotación de pozos de hidrocarburos (petróleo y gas natural además del carbón aunque en menor medida). Estos pozos con fondo (mal que les pese a algunos) han sido un firme aliado del desarrollo del ente estatal-capitalista gracias a la asequible disposición de carburante para su transporte y potencial conversión en energía. Sin embargo, cada vez es más costoso extraerlo, por lo que la unidad de energía que se produce es cada vez más cara y, en consecuencia, la búsqueda de nuevos pozos se está abandonando, mientras los existentes cada vez rinden menos. Todo esto a pesar de que, como industria estratégica que es, ha sido y seguirá siendo hiper-subvencionada con los impuestos de las clases populares.

Debemos reiterar que toda la barbarie de la que es capaz el capitalismo esclavista no podría desarrollarse si no fuera por la apropiación legal vía impuestos de la riqueza de la gente común. Todo gran sistema de explotación se encumbra en el par violencia-impuestos, es decir, la imposición de un sistema de apropiación bajo la amenaza del monopolio de las armas, tras la cortina de la legalidad y su sistema judicial. Toda estructura poder tiende al acaparamiento y a la concentración, a beneficiarse directa e indirectamente de las ganancias que le otorga el Estado para apropiarse la riqueza sustraída vía impuestos. Sin esto, el ejército, la policía, la judicatura, la gran empresa transnacional o el poder mediático serían puras caricaturas de lo que son hoy y las infraestructuras estratégicas que los sostienen (autopistas, líneas de altas tensión, oleoductos, acueductos, minas, puertos, aeropuertos, parques eólicos y granjas solares, líneas de ferrocarril, presas y canales, etc.) serían simplemente inexistentes.

Por poner un ejemplo, se estima que el precio de las placas solares ha bajado un 97% en los últimos 40 años, porcentaje que en un 60% se debe a la inversión estatal, es decir, a los impuestos sobre los bienes, el consumo y la renta de las personas. Podríamos decir lo mismo del fracking para la extracción de hidrocarburos (o de cualquier otro proceso de extracción de materias primas) y de la construcción de cualquiera de las infraestructuras anteriormente mencionadas. Liberalismo y proteccionismo, progresismo y conservadurismo, son así, dos caras del más férreo estatalismo, el que invierte más o menos, según el momento y la coyuntura en “servicios sociales” o en “infraestructuras estratégicas”.

La máquina militar recaudatoria canaliza la riqueza extraída vía impuestos a los subordinados, hacia la industria que provee las infraestructuras materiales y mentales mediante contratos y subvenciones que sostienen la gran farsa del parlamentarismo, o el gobierno de los pocos sobre los muchos. En el caso del precio final de los hidrocarburos, más de un 50% son impuestos y un porcentaje significativo del resto, subvenciones. Así cada unidad de combustible se paga prácticamente dos veces, lo que hace que la casta que controla la provisión acapare ese beneficio e incremente exponencialmente su poder.

En gran medida, la barbarie de destrucción de los ecosistemas naturales y sociales es producto de la versatilidad de los hidrocarburos (especialmente la del petróleo), y esto lo saben perfectamente los “gestores” del poder. La extracción de materias primas minerales tiene también los días contados (recordemos la finitud del planeta) ya que necesita reponer una ingente cantidad de componentes para esa mastodóntica industria en declive, desde los semiconductores (o microchips) para la electrónica, los derivados del plástico para el envoltorio, los conductores como el cobre o la plata, el coltán o el litio para las baterías que almacenan la electricidad.

La fiesta se está acabando señores y señoras y la gestión de la transición tiene dos vías paralelas: forzar la reducción de la población mediante estrategias neo-malthusianas (esta ya está muy avanzada aunque todavía falta neutralizar la África subsahariana) y la disminución del consumo de hidrocarburos (derivados del petróleo) para que este quede disponible para los sectores estratégicos de gestión: ejército, policía y servicios asociados de control de la población y el territorio. La “Operación Coronavirus” ha sido un claro ejemplo de ambas estrategias. Por un lado la tasa de nacimientos se ha desmoronado drásticamente y por otro se ha puesto freno al consumo no esencial a la empresa minorista con el fin de reorganizar la producción. Las élites saben que no hay tiempo y que las crecientes tasas demográficas y de consumo mundial llevarían a un colapso abrupto que afectaría a sus intereses.

Ante esta situación de potencial escasez, los diferentes estados productores están planteándose limitar las exportaciones para proteger a sus industrias y a su población de las subidas de precios que se están produciendo, es decir, priorizar “lo de casa” y en segundo término “hacer negocio fuera”. Una paradoja proteccionista-liberal que busca sostener el status de la élite mandante y sus estructuras de apoyo, antes que priorizar el negocio y su beneficio asociado a cualquier precio.

Sin embargo, la mayor escasez a la que se enfrenta el poder constituido es la escasez de mano de obra y la calidad de esta, debido a la profunda crisis demográfica en ciernes y al descontrolado descenso de la calidad del sujeto. Todo lo repetitivo se vuelve virtual. La obediencia a la que es sometida la población durante el proceso productivo, la aniquilación de la creatividad va llevar a una seria encrucijada donde el control mediante la robótica es solo un espejismo de una sociedad infantilizada y hedonista en clara decadencia. La materia prima más esencial es el ser humano, sin él la sociedad no tiene futuro, menos aún su sistema productivo. La crisis demográfica agravada con la “Operación coronavirus” continuará ampliándose y solo una negación absoluta y de raíz de sus causas ideológico-psicológicas podrá revertir la situación. La solución será convivencial, amorosa, relacional, afectuosa y experiencial.

Entre tanto, en el presente siglo XXI hemos vivido ya dos grandes burbujas, la primera la burbuja de Internet o las “punto com” a inicios de siglo, la segunda la burbuja de las hipotecas basura (vinculada a la vivienda) allá por 2008 y ahora vamos a entrar en la tercera, la burbuja de las energías renovables. Cabe decir que estas burbujas son producto de la avaricia del par Estado-capital, obsesionado con incrementar los índices de producción para aumentar su poder y sus beneficios, acto desesperado de derroche fruto de la voluntad de poder desenfrenada. El problema es que cada vez hay menos que derrochar y que esta dinámica tiene serias papeletas de encaminarnos inevitablemente a un colapso civilizatorio.

La nueva burbuja consistirá en electrificar y digitalizar masivamente como si no hubiera mañana. Es decir, virtualizar la existencia de manera ficticia soportándola sobre costosos sistemas electrificados. La movilidad mundial de personas y mercancías es la mayor derrochadora de energía y debe ser drásticamente reconfigurada y reducida, para ajustar el consumo a unos niveles de producción acordes a la disponibilidad de hidrocarburos. La “movilidad digital” se implementará mediante las ciudades-jaula, las grandes metrópolis hiper-vigiladas donde se implantará la vida como servicio, donde los Estados-corporación lo poseerán todo y la gente común no poseerá nada, pero podrá hacer uso de servicios de movilidad según cumpla con los “requerimientos” establecidos.

Lo quieren electrificar todo, por esto el masivo despliegue de macro-parques eólicos y macro-granjas fotovoltaicas, aunque saben perfectamente que es altamente ineficiente convertir toda la energía solar y eólica en energía eléctrica y que, además, no todos los servicios pueden mantenerse con electricidad (actualmente en occidente solo entre el 20 y 25% de la energía consumida es eléctrica). Los hidrocarburos incrementarán su precio y se reservan para “servicios indispensables” como son los tractores para la producción de alimentos a gran escala, la industria estratégica y en especial la industria militar, junto con el movimiento de mercancías, y solo secundariamente para quien se los pueda pagar. Viajar va a resultar cada vez más caro, mientras el costoso vehículo privado será de facto suprimido y solo unos pocos privilegiados podrán disponer del coche eléctrico, junto con el ejército, la policía y el resto de altos mandos y cargos intermedios de la sociedad. Las subidas de impuestos a los carburantes, los peajes, las subvenciones estatales para la compra de vehículos eléctricos, etc. son mecanismos para acelerar esta transición, este reajuste en los hábitos de consumo.

En estas, la gente común deberá “racionalizar” el uso cotidiano de la electricidad para lo cual entrará en vigor a partir del 1 de junio un nuevo sistema de tarificación basado una sola tarifa compuesta por una división horaria en tres tramos (punta, llano y valle) que, por supuesto, estarán sujetos a una tarificación distinta que irán de mayor a menor coste: horario reducido (entre las 08:00 y las 10:00 de la mañana, las 14:00 y las 18:00 o entre las 22:00 y 24:00 horas), horario superreducido (entre las 00:00 de la noche y las 08:00 de la mañana) y el horario normal el resto de horas. Así se impondrán nuevos hábitos de vida según se pueda gastar más o menos electricidad.

Ante el dilema de la virtualidad y la movilidad en el presente siglo, debemos optar por un retorno a la Comarca, a la comarca como medida humana de las relaciones fraternales en el territorio y como medida afectuosa por el cuidado del territorio a través de una relaciones de movilidad sostenibles. Volver a vivir la comarca, volver a poner en el centro las relaciones vecinales, la soberanía política y económica de la comarca, producir desde y para la comarca, adueñarse y relanzar los usos y aprovechamientos del Comunal, así como la producción sostenible de energía y materias primas. Debemos ajustar nuestro consumo de manera virtuosa y sostenible en el tiempo, tanto para los ecosistemas naturales como para la diversidad de las relaciones culturales de buena vecindad.

Pensar la comarca significa pensar las relaciones dentro de la comarca, pensar en la sostenibilidad de la comarca y en las relaciones de producción que deben darse en ella. En la comarca, nadie es más que nadie en la planificación y ordenación de las directrices generales de la economía, por lo que el concejo abierto cobra una importancia determinante, y no solo él sino todo el sistema de democracia directa basado en la red de asambleas comarcales. Para garantizar la libertad es necesaria la igualdad en el acto productivo, en el acto de producir la democracia, la economía y el conjunto de la convivencia vecinal. Es por esto que el concejo otorga la voz, el voto y la participación directa en todos sus organismos deliberativos y decisorios y solo así es posible neutralizar el poder de la casta dominante mediante el reparto del poder entre los sin poder.

Este mes se han cumplido 10 años del advenimiento del Movimiento 15M, que estalló en las plazas aquel 15 de mayo de 2011. La euforia con la que se tomaron las plazas y se implantaron las asambleas en los centros neurálgicos de pueblos y ciudades contrastó con la falta de orientación de un movimiento popular que lo quería todo, pero que sucumbió ante la debilidad de su posición. La falta de una cosmovisión unificadora y de una estrategia de intervención social hizo decaer pronto al movimiento, mientras en las cloacas del CNI se orquestaba una salida ordenada y parlamentaria ante la ingobernabilidad latente de las plazas. Así se han gestado históricamente las organizaciones de referencia que recogen el descontento popular para enclaustrarlo en las bancadas del parlamento y los debates de televisión. Podemos rápidamente se convirtió en una nueva casta de gobernantes producto de la estrategia de contrainsurgencia de los servicios secretos estatales y el 15M, un intento espontáneo de subvertir el orden de representación y usurpación de la soberanía popular mediante la instauración de la democracia directa en las plazas.

Para el próximo estallido deberemos estar pertrechos de una cosmovisión liberadora, sólidas fraternidades y un programa estratégico que permita orientar el descontento popular hacia la consolidación de un proyecto basado en la máxima del nadie es más que nadie. Entre tanto, los camarillas de las organizaciones ideológicamente coincidentes con el poder establecido intentarán encauzar las reivindicaciones hacia su terreno según la máxima de las organizaciones de masas neomarxistas que ya tuvieron un protagonismo esencial en el levantamiento de hace 10 años. La ideología de todo ese conglomerado de afectos al poder está hoy bien integrada en la casta gobernante, enésima versión de la dictadura en nombre del bien común.

Los contundentes lemas “¡Que se vayan todos!” en las protestas en Argentina en 2001 o el “Nadie nos representa” del 2011 en el 15M deberán tornarse realidad cuando quienes lancen estas consignas tengan la capacidad moral y operativa de despachar a la casta dominante, juzgarla por procedimientos de justicia popular y establecer un régimen de democracia directa donde cada quien se represente a sí mismo sin delegar en ninguna camarilla su soberanía.

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