Las desafectaciones por la vía renovable y las luchas por la recuperación del Comunal

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Salvo honrosas excepciones, de lo que hoy aún queda de Comunal, los llamados bienes comunales o concejiles son bienes de los que se ha apropiado el Estado (ya sea mediante las categorías de “utilidad pública” o a través de los ayuntamientos mediante los bienes “patrimoniales” o “de propios”) ante la práctica disolución de los concejos, es decir, de la máxima expresión de la democracia vecinal directa, la única legitimada para la gestión del Comunal. La vecindad, el común de los vecinos reunidos en asamblea (en concejo), es quien tienen la potestad moral y legal (en base al derecho consuetudinario) para reglamentar el uso de los comunales. Sin embargo, los diferentes procesos desamortizadores, la legifilia institucional y los artefactos ideológicos modernizantes han acabado con el espíritu de comunalidad y, por ende, con los bienes concejiles. Hoy para la mayoría son solo “tierras comunales en desuso”.

Entrados como estamos en un nuevo ciclo de crisis civilizatoria, incluida la económica, junto con la oleada ecomodernizadora de la energía verde, los cerca de 7 millones de hectáreas que aun hoy quedan de Comunal están en claro riesgo de desaparición por vía de la privatización forzada por parte del Estado y la gran empresa. Por un lado, el Estado necesita sacar tajada de cualquier recurso que le ayude a elevar su caja dineraria, lo mismo que todos los estamentos que lo componen, como son comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades menores (concejos, parroquias, etc.). Estas últimas, en gran medida gestionadas por caciques y/o representantes locales, ausente ya el espíritu de comunalidad y sobrepresente el espíritu del “sacar tajada a cualquier precio”, están desafectando grandes cantidades de comunal para la instalación de parques eólicos y solares, hipotecando esos terrenos para siempre. En la práctica, es un sistema piramidal de arriba abajo de imposición de la agenda ambientalista. Cantidades ingentes de subvenciones estatales para la instalación de infraestructuras, la creación de leyes y la instauración de estados de ánimo pro-renovables. Al parecer lLos ecologistas nada tienen que decir, de esto, cuando es de sentido común que la apropiación forzada de tierras y bienes de las comunidades rurales, producen la mayor degradación posible sobre el medio ambiente, sobre la flora y la fauna toda ella.

Los gigavatios ya instalados en molinos y placas se quedan cortos con el aluvión de peticiones que los últimos meses se han recibido para llenar campos y montes de mares de hierro y circuitos electrónicos. Todo un avance. Para muestra un botón. Otero de Toral y Toral de los Vados (pedanías en la comarca del Bierzo). Allí los caciques locales han autorizado la tala de un bosque vecinal para instalar un “huerto solar”. Lo de huerto, es porque se los han llevado al huerto. Y otro. Corella (Navarra). Allí se pretende la instalación de un macro parque fotovoltaico en terrenos comunales (o “corraliceros” como se les llama en la parte medio-sur de Navarra). La lista es interminable y todos estos huertos de la muerte se les deben sumar los miles de molinos de viento que copan montes y veredas.

La respuesta ante tal tropelía ha de ser la autoorganización popular y pasar a la gestión vecinal directa del territorio, con un mensaje claro: ¡No a las desafectaciones de comunales por la vía de las renovables!

Las comunidades que viven y gestionan el territorio, lo cuidan, establecen mecanismos participativos directos para realizar la mejor y más equitativa gestión del medio, de la vida toda ella. El Estado y la clase empresarial, la pedantocracia y los pose-ecologistas, desde sus despachos y redes sociales, solo pueden degradar y destruir el medio natural, como ya lo están haciendo, hacinándonos en ciudades mugrientas donde el espíritu de comunalidad solo se huele en determinados ambientes marginales.

Los comuneros que hoy ya son escasos, el alma viva de las vecindades, siempre fueron gentes sencillas, en su mayoría anónimas que, a las puertas de la guerra del 36 del siglo XX, reclamaban el uso vecinal del Comunal, en tanto que legítimos propietarios del mismo en calidad de vecinos.

Hace poco tiempo, en un paseo por las calles de la pequeña localidad navarra de Torres del rio, pude ver un pendón que colgaba del balcón de una vivienda, donde se exclamaba justicia para un tal Florentino. La curiosidad me llevó a consultar la historia de aquella reclamación y resultó que en otoño de 1936 Florentino Rubio Martínez (Torres del Río, 1895), por el que se reclamaba justicia, fue llevado preso, posteriormente ejecutado y finalmente arrojado a una fosa común por “haber reivindicado ante el Ayuntamiento de entonces lotes de leña y terrenos de comunal”. Como bien ha estudiado Félix Rodrigo Mora en su libro “Investigación sobre la segunda república española”, la causa primera que dio lugar a la guerra civil fue la progresiva revolucionarización de las clases populares y trabajadoras, especialmente las del mundo rural, entre las que la reivindicación del Comunal fue su máxima expresión. Miles de personas como Florentino perdieron la vida, ante la necesidad de parar a toda costa la insurrección popular y las reclamaciones comunalistas. En su nombre, una de las principales labores que podemos emprender quienes abogamos por la reinstauración del Comunal desde la base de una sociedad convivencial, debe ser la de esclarecer y sacar a la luz la reclamación popular que se tornó avalancha en la primavera de 1936 y pergeñar un retorno a la ruralidad donde la bandera de la comunalidad ondee bien alto.

Nos servirán de inspiración para ello las luchas que diferentes pueblos ibéricos han llevado a cabo para recuperar de manera efectiva su Comunal, como es el caso de los aezkoanos (en Nafarroa) en su brega por recuperar sus montes comunales usurpados por el Estado en 1784. 200 años de lucha dieron sus frutos y en 1984 los montes pasaron de nuevo a titularidad de sus legítimos propietarios, los vecinos del valle.

La aldea de Lakabe en Navarra, despoblada a inicios de la década de los sesenta del siglo XX, fue repoblada en el año 1980 por unos intrépidos pobladores. En el periodo 1986-91, como consecuencia de la Ley Foral de Administración Local, algunos pueblos pasan de ser concejos a concejos tutelados, e incluso en 1991 muchos desaparecen. Lakabe en 1986 es concejo tutelado y en 1991 se convierte de nuevo en concejo, recuperando sus nuevos pobladores la potestad sobre las tierras comunales pertenecientes al antiguo concejo.

Los vecinos de Aldán (Pontevedra, Galiza) iniciaron en 2004 una demanda para reclamar por la vía legal unos terrenos pertenecientes a los montes comunales de la parroquia. Bajo el lema “O monte é noso” los vecinos exigieron sus montes pero finalmente, tras un dilatado proceso judicial, en 2020 el Tribunal Superior de Xusticia de Galiza desestimó la reclamación.

Algo similar les sucedió a los vecinos de Los Yébenes, en Toledo, que entablan un pleito para recuperar su comunal expropiado por el Estado y finalmente lo pierden, teniendo que hacerse además cargo de las costas del juicio.

Estas dos experiencias, la de Aldán y la de Los Yébenes, ¿enseñan? que dejar los bienes comunales en manos de la justicia estatal, acérrimo enemigo del Comunal, es un acto de ingenuidad, que puede comportar consecuencias desmoralizantes y un enorme gasto de energía y dinero. Cualquier reivindicación por el Comunal debe tener un fuerte componente de autoorganización vecinal, de lucha callejera y de legitimar las reclamaciones por la vía de la acción directa, para presionar a los estamentos estatales y hacer valer los antiguos usos y costumbres.

En los últimos años ha emergido en Burgos, entorno al barrio de Gamonal, otra iniciativa de lucha por la recuperación de unos antiguos terrenos comunales adyacentes a la ciudad que se apropió el ejército, que bajo el nombre de Artillería Comunal reclama mediante una asamblea vecinal movilizada, la gestión directa del lugar. Veremos hasta donde pueden llegar.

Cada trocito de tierra defendido, parcela de comunal preservada o monte comunal repoblado con especies autóctonas; cada Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común, asociación, asamblea vecinal o plataforma de denuncia y oposición, deben confluir en una lucha común en favor del Comunal.

Gka