El legado popular del cuidado de los montes. La madera, energía vital de los hogares

Vivimos hoy en el culmen de la sociedad del desarraigo, y esto nos tiene por lo general sumidos en una ausencia total de soberanía para dirigir nuestras vidas con plena libertad. Durante la práctica totalidad de la existencia humana (a excepción del periodo de explotación industrial intensivo que ha sido impuesto los últimos 60 años) y gracias a la masiva extracción de hidrocarburos, las comunidades humanas siempre que lo han necesitado han calentado sus hogares mediante el fuego, el calor que produce la combustión de leña. No en vano, de manera generalizada en los pueblos ibéricos los hogares han sido conocidos como “fuegos” y así se han recogido en diferentes censos poblacionales para identificar a las casas habitadas. Si hay fuego, hay una comunidad humana que habita la casa. En euskera a la cocina se le conoce como sukaldea o “lugar junto al fuego” (SUA=fuego + ALDEA=lado) y es que la cocina ha sido tradicionalmente el centro neurálgico de la casa y el lugar para el fuego.

En la actualidad cada vez es menos frecuente encontrar casas con fuego, sobre todo si hablamos de las ciudades-jaula en las que vive la mayoría de la población. La ciudad es una acaparadora de recursos que debe importar de fuera, de los territorios progresivamente más lejanos que la rodean, para poder mantener su maquinaria en funcionamiento. En Europa la energía calorífica se obtiene principalmente a partir de hidrocarburos que son utilizados como combustible en calderas de gasóleo o gas (gas natural, gas propano, gas butano, etc.) y excepcionalmente (hoy representa el 21% del total), mediante fuentes de energía renovable, donde se incluyen la biomasa (derivados de la madera), geotermia (a partir del aprovechamiento del calor del subsuelo) o la electricidad producida a partir de fuentes como el sol (fotovoltaica) o el aire (eólica).[1]

En la mayoría de hogares se utilizan mecanismos diversos para distribuir el calor por toda la casa, como son suelos radiantes, bombas de calor (aerotermia), radiadores y otros sistemas que distribuyen el calor. Sin embargo, podemos decir que lo fundamental es qué fuente de energía utilizamos para generar el calor que después distribuiremos (porque la energía es lo que eternamente necesitaremos para alimentar la fuente de calor, y la instalación puede durar largo tiempo si es debidamente mantenida). La mayoría de las fuentes energéticas y los mecanismos de distribución que se utilizan hoy son escasos y finitos, complejos de extraer, procesar y distribuir, y por tanto, nos vemos abocados a vivir dependientes de ellos.


Al parecer debido a invasión rusa de Ucrania y las tensiones con la distribución de gas a Europa, EEUU ha puesto sobre la mesa una propuesta de nuevo “Plan Marshall” energético con el que sustituir las calderas de gas por bombas de calor eléctricas (aerotermia). Claro que estos electrodomésticos serían fabricados en EEUU y exportados al otro lado del atlántico para calentar los hogares de la cada vez más decadente Europa. Veremos como avanza la crisis del gas y como afecta el pico de producción del conjunto de materias primas y fuentes energéticas primarias.

En lo que respecta a la biomasa, tenemos la leña, la fuente de energía más simple de procesar y extraer, una fuente de energía infinita, sí infinita, siempre que vaya asociada a un plan de gestión racional, de cuidado y regeneración de los bosques. Afortunadamente todavía en muchos pueblos y pequeñas ciudades es común encontrar fuegos encendidos y humanos que calientan sus hogares con leña o derivados que proporcionan los bosques. Si bien se mantiene su consumo principalmente en zonas rurales, la sociedad hiperestatizada que conocemos ha cedido a instituciones y funcionarios la gestión de los montes, es decir, la soberanía sobre su propio territorio, sobre sus aprovechamientos y la gestión de sus bosques. Este proceso de cesión se ha prolongado durante siglos y no ha estado exento de levantamientos y revueltas, entre desamortizaciones, talas masivas y repoblaciones insensatas dirigidas por ingenieros de montes y el resto de poderes del Estado. A pesar de ello, los vestigios de la sociedad comunal que fue, la resultante de la revolución altomedieval ibérica, todavía sigue viva en muchos lugares, en forma de tierras y montes comunales, suertes de leña y hacenderas de cuidados de veredas y caminos. Prácticas consuetudinarias de cuidados de los montes.


Aunque hoy estas formas de gestión comunitaria de los montes son residuales, hace no tanto fueron la norma y estaban extendidos en la práctica totalidad de las localidades, mediante ordenanzas municipales que fueron labradas mediante usos y costumbres e instituciones de gobierno concejiles. Existen abundantes ordenanzas originales que se guardan en bibliotecas y archivos, así que vamos a tomar como ejemplo una de ellas, las Ordenanzas Municipales de la Villa de Zalduondo, en Álava (1760-1778). En ellas queda de manifiesto la manera en que el pueblo, a partir del concejo abierto y sus cargos regidos por mandato imperativo, legislaba y hacia cumplir las normas, en este caso, en relación a sus montes.

Existen dos aspectos clave en el sistema de cuidados forestal-popular: por un lado quiénes tenían encomendada la labor de vigilar el monte y por otro, la norma de reforestación que se aplicada para mantener los bosques vivos. Además de esto, en cualquier ordenanza antigua se puede leer de manera reiterada que la extracción de leña y otros aprovechamientos estaba prohibida y que esta solo podía realizarse con el permiso expreso del concejo (el conjunto de los vecinos reunidos en asamblea) ateniéndose a su propio derecho de base.

Vamos a las ordenanzas de Zalduondo (siglo XVIII), en ellas se dice: “Así, además del alcalde, dos regidores y procurador síndico, Zalduondo contará con dos buruzayes o mayorales (encargados de custodiar el ganado de la villa), dos guardas de campo o costueros (para el término labrantío) y dos guardamontes (elegidos todos ellos por turno y casas), además de dos veedores [vigilantes] de campo nombrados de entre los más aptos por el Ayuntamiento para examinar las suertes y bellota y apreciar los daños que se causaren en el campo y en el monte.” Es decir, el concejo designaba como guardamontes a dos vecinos, quienes solían ostentar el cargo durante un año y debían pasar cuentas por la labor ejercida.

Vamos a la siguiente cita: “Ordenamos y mandamos que todos los vecinos de esta villa y cada uno de ellos, de qualquiera estado, calidad y condición que sea, con consideración a los términos de esta villa, sus montes y valdíos, tengan la obligación de plantar cinco árboles cada año, quedando al arbitrio de la justicia y Ayuntamiento el prevenir los tiempos y sazones en que se deven plantar.” El propio concejo establecía la norma de que cada vecino debía plantar 5 árboles cada año, para asegurar la continuidad de las masas forestales autóctonas locales, lo que significa que era el pueblo el que por amor a sus bosques y por necesidad de subsistencia, sin delegar en otros, se encargaba no solo de regular la extracción de aprovechamientos forestales, sino además, de reglar la reforestación del territorio que correspondía a su propia jurisdicción.

Si esto es así, si esta práctica ha sido norma generalizada en municipios y comarcas, ¿Quién esquilmó entonces los montes?

El Estado es responsable inequívoco del fenómeno de deforestación de los montes autóctonos, proceso que se ha llevado a cabo de múltiples maneras; la principal, mediante el ataque a la soberanía de las comunidades rurales, el expolio de sus tierras y de sus modos de vida y gestión del territorio. El proceso de centralización que va parejo a la expansión del Estado, la urbanización y el hacinamiento de la población, así como el desarrollo de la industria de guerra, requirió de un ingente movimiento de recursos a las manos de la administración del Estado y del gran capital privado reunido entorno a las ciudades.

Seguimos con ejemplos de Ordenanzas concejiles y testimonios que atestiguan, por un lado el afán cuidador de las comunidades concejiles y por otro la determinación destructiva de la administración estatal para con los montes. En un informe solicitado por el Secretario de Marina sobre Galicia, en cuanto a cómo iba la aplicación de la ley, el funcionario Joaquín Herrera escribía el 27 de febrero de 1776 que «cuesta muchísimo aplicar la ley porque las comunidades y particulares en Galicia tienen mucho poder y se oponen con mucha facilidad a todo lo que les hagan practicar por fuerza».[2] Dice el autor que la antigua ordenanza concejil contenía su propia guardería forestal y rural (caballeros de la sierra, ballesteros de monte…), siendo esta sustituida a la fuerza por el Estado, quien impone un nuevo modelo de guardería forestal (centralizado) que se convierte «en una plaga para los pueblos».

Se cita también la gestión del monte en las Ordenanzas concejiles de la Sierra de Segura de 1580 (Ordenanzas del Común de Segura y su Tierra) donde quedan reguladas el pastoreo, la caza, la pesca, la roturación, la tala, las suertes, el laboreo, el carboneo, las vedas, los frutales, las hazas, las cuevas… Gracias a este tipo de gestión comunal del territorio, en Alcaraz, Segura y Cinco Villas se consiguió un equilibrio entre agricultura, ganadería y monte. Dice textualmente el autor que sobre esta sociedad «actuará el Estado con una intensidad y una eficacia destructora del régimen tradicional de gestión de los montes realmente impresionante». A través del Guadalquivir el Estado transportará hasta Sevilla millones de toneladas de hectáreas taladas en bosques comunales que ni siquiera pagará el precio correspondiente a los concejos. La madera expoliada se la repartirán el Ejército español (Fiscal militar del Almirantazgo de Marina encargado de los montes de Segura) y el Negociado de Maderas de Segura en Sevilla (organismo perteneciente al Ministerio de Hacienda).

A su vez, Martínez Garrido[3] apunta que “con la abolición de la gestión concejil de los bosques, la hora para destruir los montes ha sonado”. Sigue Garrido diciendo que «entonces se lanzó un horroroso anatema a los sencillos, buenos y honrados labradores y pastores de los municipios; entonces llegó el Ministerio de Marina y empezaron a correr largamente las lágrimas de los habitantes de los Alpes españoles, y comenzaron los duelos y los infortunios». Continúa, “los pueblos asumiendo que los arbolados eran la causa de sus desventura y de que se los iban a robar hicieron asombrosos destrozos en los bosques, talaron, quemaron y allanaron los amojonamientos». Esta es una práctica que incluso hoy perdura en muchos lugares, la práctica de incendiar intencionadamente ciertos bosques como acto de venganza por tropelías acometidas por el funcionariado, la burocracia estatal y la represión policial.

De más de 400 millones de árboles que había en las Sierra de Segura, Alcaraz y Cinco Villas en 1751, el Estado fue talando sin pausa hasta que ya en 1994 quedaban menos de 70 millones de árboles. Desde el siglo XIX los incendios de los bosques provocados por la gente de los pueblos no han cesado. Pedro Fernández Martínez (citado por Ignacio Abella) dice: «De lejanos tiempos vino que los hijos del país gobernasen estos montes y que bajo sus ordenanzas municipales prosperasen todos… pero la intervención que el Estado puso en los montes cuando supo que más de 400 millones de árboles y corpulentos pinos poblaban las sierras de Segura, fue el primer eslabón de la cadena con que fueron aherrojados aquellos naturales». En 1763 los concejos abiertos de la Sierra contratan al abogado Olivares para que defienda la vuelta a la gestión concejil pero el Estado para anular a este abogado le dio un muy buen cargo dentro de la administración, con lo que eliminó este obstáculo.

Para el caso del territorio de Albacete se determina que «la gestión concejil de los bosques permitió mantener el equilibrio ecológico de la región junto con el delicado y frágil equilibrio hidrológico de la zona[4]«. Continúa diciendo que «el aclareo de los encinares generó ecosistemas de dehesa donde la explotación pecuaria del territorio fue la forma de explotación más inteligente y adecuada en relación con las condiciones naturales y la de menor coste ecológico sobre el conjunto de los ecosistemas[5].» Y asevera que «el Estado con la desamortización masiva de terrenos de propiedad concejil en Albacete, y su correspondiente tala, desertifica amplias zonas, tanto de la llanura como de su área montuosa.” es decir, que provocó la actual despoblación. La PAC y el fomento que realiza esta de la salinización, degradación de los suelos, contaminación de acuíferos y empleo masivo de fertilizantes químicos y pesticidas está agotando los terrenos que antaño fueron bosques gestionados por los concejos abiertos y sus ordenanzas.

Dice Daniel Sánchez Ortega que: «En este trabajo nos pronunciamos y mantenemos la idea de que la conservación del patrimonio forestal guarda estrecha relación con los cuidados que les dispensaron los concejos medievales. Los concejos en sus ordenanzas segregaban perfectamente las áreas susceptibles de colonización agrícola o pecuaria de aquellas otras en las que las formaciones forestales debían quedar protegidas.»

Siguiendo con el cuidado concejil de los bosques, en el Libro XIII del Fuero de Alcaraz encontramos disposiciones que regulan la protección del bosque como la que sigue: «Los caballeros de la sierra mediante mandato [imperativo] concejil cuidaran de la sierra, sus aguas, árboles y montes. Ninguna persona podrá talar un árbol en la sierra sin comunicarlo al concejo». Es decir, como corresponde a toda norma, existía un sistema de vigilancia y en último término de sanción (es decir, de coerción) que garantizaba la vigencia de la norma concejil correspondiente. Esto es, el poder omnisoberano del concejo, sobre los asuntos de la vida pública vecinal local.

González, J. en «Repoblación de Castilla la Nueva» asevera que fueron los concejos abiertos los que protegieron los bosques. El autor pone como ejemplo lo que al efecto se contempla en el Fuero de Sepúlveda. Según la descripción que de él se ofrece, no cabe duda que se producen las mismas disposiciones detectadas en el Fuero de Alcaraz.

Siguiendo con las referencias a la protección que los concejos ejercían sobre sus bosques, en la Carta Puebla de La Gineta de 1337 se dice que: «No se puede cortar, cazar ni hacer contra ninguna la voluntad del concejo». Las Ordenanzas Concejiles de Almansa del siglo XVII imponen severas sanciones a quienes corten o quemen carrascas, pinos o ramas de ellos sin comunicarlo al concejo. Las multas ascendían a 3.500 maravedíes si se cortaban por el pie y 300 maravedíes si se cortaban sólo las ramas. Las Ordenanzas Concejiles de la Roda de 1536 prohíbe cortar sin comunicar al concejo pinos, carrascas, olmos, sauces, robles, moreras, árboles frutales o coscoja.

Juan Manuel el Infante de Castilla en su «Libro de Caza» dice sobre la presencia de fauna silvestre, que los bosque en Chinchilla de Montearagón en el siglo XIV (hoy completamente desaparecidos tras la desamortización y su tala) estaban llenos de lobos, ciervos y aún quedaban encebras (en 1971 en último lobo fue abatido a 10 km de la ciudad de Albacete en Aguasnuevas).

Roa Erostrabe escribe en 1891 que: «Antes de la aplicación de la ley de Madoz veíanse coronadas de copudos árboles desde las laderas de las sierras hasta las crestas de las más empinadas colinas pero que va del presente una febril demencia destructiva ha hecho desaparecer a pasos agigantados ese incalculable ramo de riqueza pública, no encontrándose ya en algunos parajes, hoy yermos y tristes páramos, ni la señal remota de lo que un día fueron. A una tala otra tala, dice el competente Madoz, y hace que el arbolado actual, nada, absolutamente nada figure, si se compara con el que existía anteriormente».

En el libro de Ignacio Abella titulado «La Memoria del Paisaje. Pasado y futuro de un patrimonio común» habla de la simbiosis entre el ser humano y su entorno. En este libro se cita un proceso judicial entre Juan de Aoiz, pastor de Zuza (en Navarra) y el propio concejo, en el que se debate sobre la protección medioambiental de monte. Dice Ignacio Abella: «La protección del acebo en los montes comunales, tantas veces especificada, como veremos, en antiguas ordenanzas, ha propiciado también la existencia de acebedas».

Para terminar este repaso histórico vamos a recoger esta preciosa frase que recoge la Ordenanza de  Nájera (año 1560): “plantar y criar el dicho monte y para que después de criado tengan abrigo y acogida el ganado en tiempo de fortuna para que después de bien criado puedan cortar leña de él cuando sea tiempo”.

Queda pues sobradamente demostrada la absoluta abnegación histórica del ente popular por sus montes y por el conjunto de su territorio. Tomando como meta y bandera este legado amoroso, citaremos algunas de las tareas que quedan para iniciar el camino de recuperación de la gestión popular de los montes:

– Amar a los árboles y al conjunto de los bosques, tomar la iniciativa y la responsabilidad de cuidar de ellos, comunalmente, cada quien en su territorio, comarca o municipio.

– Reforestar bellota a bellota junto a nuestros iguales los bosques autóctonos[6], así como recuperar los pastos en zonas de montaña.

– Exigir a las instituciones locales el acceso a la gestión de los bosques, a disfrutar en calidad de vecinos de sus frutos, a talar y recolectar madera y demás aprovechamientos forestales. Se deben reivindicar las suertes de leña, mediante el compromiso inequívoco de cuidado y reforestación del bosque.

– Restituir el concejo local con sus correspondientes normas y cargos vertebrados por mandato imperativo, en especial, los cargos de guardamontes, así como las hacenderas para el cuidado de accesos y otras infraestructuras comunales.

La subsistencia no puede depender de guerras que se desarrollan a miles de kilómetros, de gaseoductos que cruzan continentes, de barcos que transportan crudo, de faraónicos molinos que producen electricidad, de macrocomplejos gigantes donde son esclavizados humanos para fabricar artefactos que se exportan a la otra punta del mundo. La solución está en nuestro territorio, en nuestros montes, en nuestros árboles, entre nuestros iguales. Porque el calor humano y el calor del fuego son los que dan calidez a nuestros hogares y vecindades.

En esta última parte, vamos a realizar una breve simulación que nos ayude a dimensionar la posibilidad de retornar a la calefacción de hogares 100% con energía renovable de origen forestal. Para ello tomaremos el territorio de Navarra como referencia y el hayedo, como bosque predominante en este territorio.

La primera simulación la realizaremos a partir de la relación que existe entre el poder calorífico y los kilogramos de leña potencialmente aprovechables por unidad de superficie: “Con una estufa moderna de 75% de eficiencia se obtienen unos 12.000kWh a partir de unos 3.000kgs de leña totalmente seca”[7]. Partiendo de que un bosque puede proporcionar anualmente unos 1.500kgs de leña seca por hectárea, cada hogar necesita gestionar 2 hectáreas de bosque para satisfacer sus necesidades caloríficas anuales. Si una casa bien aislada con estufa eficiente consume del orden de 15kgs de leña diaria, podríamos calentar nuestro hogar hasta 200 días al año (más de 6 meses). Para el caso del haya se dice que tiene un poder calorífico de 3.000kWh/m³, es decir, que podríamos obtener el mismo poder calorífico con unos 2.000kgs de leña seca de haya (para una densidad de 500kg/m³).

Así, aún tomando como referencia esas 2 hectáreas, para 100.000 hogares necesitaríamos 200.000Ha de bosque que gestionar, teniendo en cuenta que sólo en Navarra la superficie total de hayedo es de 124.000Ha y que la superficie total de monte en Navarra (potencialmente bosque) es de 468.718,66Has (de los denominados Montes de Utilidad Pública, en los que se incluyen los comunales apropiados por instituciones estatales). Si sumamos montes privados de los que pueden extraerse aprovechamientos, estamos por encima de 500.000 hectáreas, la mitad de la superficie total de Navarra. Se podrían por tanto calentar 250.000 hogares anualmente. A 31 de diciembre de 2020 el parque oficial de viviendas en Navarra es de 324.804 viviendas de las que 8 de cada 10 están ocupadas como vivienda principal, es decir, 259.843 viviendas. Es decir, estaríamos muy cerca de cubrir el 100% de la demanda.

En este sentido cabe recalcar la profunda des-socialización de la sociedad actual, en la que una parte importante de la población vive sola, por lo que cuidar los bosques debe ir de la mano de resocializar la sociedad, que los hogares vuelvan a ser espacios vitales y fraternales, no sitios copados por la soledad. Una sociedad sana y sostenible exige que en las casas habite gente, en plural.

Vamos a repetir la simulación pero en este caso partiendo de la capacidad que tiene un hayedo para producir madera anualmente en territorio vasco-navarro. Se dice que un hayedo medianamente bien conservado tiene una capacidad de producción de unos 4,2 a 5,7 m3/ha/año[8], es decir, prácticamente se podrían cubrir las necesidades caloríficas de un hogar con una sola hectárea de bosque de hayas (2.100-2.850kgs). En esta simulación, el potencial calorífico sería incluso mayor que en el cálculo realizado anteriormente.

Existen innumerables variables que hacen que la generalización de datos nos lleve a incurrir en errores en cálculos a gran escala (como es el caso), pero es razonable pensar que las necesidades objetivas no andarán lejos de lo citado. Entre las variables a reseñar está la dimensión de las viviendas y el número de vecinos habitando por fuego (hogar), la calidad del aislamiento, la calidad y potencia de la estufa, el % de humedad de la leña, así como la calidad de los bosques. Los bosques son fuente inagotable de madera, pero bien cierto es que si estos disfrutan de intensos aportes de materia orgánica en forma de estiércol animal, el crecimiento medio de los árboles y por tanto, la producción de madera se incrementa significativamente. El silvopastoralismo (pastoreo extensivo en el interior del bosque), bajo normas concejiles que regulen la carga ganadera óptima, es por tanto la principal baza que tienen los bosques para incrementar su potencial vivificador y calorífico.

Vivimos inmersos en un periodo histórico en el que el pico de producción de hidrocarburos y materias primas es una realidad, es hora por tanto de desechar el petróleo, el gas y otras formas escasas de calentar nuestros hogares y apostar por la abundancia potencial que tenemos ahí fuera. Es tiempo de amar a los árboles y de potenciar los bosques, de gestionar sus usos para poder disfrutar de sus frutos.

Gka (en colaboración con Enrique Bardají Cruz)

Primavera de 2022


[1]https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200211-1

[2] En el libro «La destrucción de los montes (claves histórico-jurídicas). Emilio de la Cruz Aguilar. En este libro habla de la resistencia de la gente a la Ordenanza de Montes de Marina del 31 de enero de 1748. Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra (el núcleo étnico heredero vascón) fueron las únicas provincias que quedaron excluidas de la aplicación de esta ley.

[3] Juan Martínez Garrido en «Memoria histórica del Partido de Segura y su Sierra»

[4] En el libro «Los llanos de Albacete: la tierra y el hombre. Un proceso histórico de realización humana. Su incidencia sobre el medio natural» de Daniel Sánchez Ortega

[5] Los concejos abiertos dividían las dehesas en: dehesas carniceras, dehesas boyales, dehesas de hierba, dehesas de arbitrio (comunales pero arrendadas a ganaderos o al concejo de la Mesta), dehesas particulares, dehesas de comunidades de aldea, dehesas de corregidor (de carácter institucional), dehesas de caza. Etc.

[6] Mediante iniciativas como el Proyecto Arrendajo. https://www.asociaciondelcomun.org/2019/09/el-proyecto-arrendajo-que-es-el.html

[7] “El libro de la madera” de Lars Mytting

[8] http://secforestales.org/publicaciones/index.php/congresos_forestales/article/download/15290/15133


Algunas referencias para profundizar en el tema

•      De los Caballeros de la Sierra a los Agentes Forestales. http://lahistoriademira.blogspot.com/2015/01/de-los-caballeros-de-la-sierra-los.html

  • El Fuero de Laredo en el octavo centenario de su concesión. Juan Baró Pazos
  • La Guardería forestal en España: conservación de nuestros bosques. Tarazona Grasa, Carlos
  • Concejo, poder y élites: la clase dominante de Cuenca en el siglo XV. José Antonio Jara Fuente.
  • «Lo de Mira»: De concordias, diferencias, pleitos y segregaciones: Autor: Ignacio Latorre Zacarés
  • Los Caballeros de la Sierra y la vigilancia de los montes en la baja edad media castellana. José Ignacio Ortega Cervigón.
  • Jurisprudencia administrativa. Competencias de Jurisdicción y denegaciones de autorización para procesar. Tomo VI 1860
  • La cultura que hace el paisaje. Pedro Montserrat Recoder (2009). https://www.txalaparta.eus/es/libros/la-cultura-que-hace-el-paisaje
  • La destrucción de los montes : Cruz Aguilar, Emilio.

http://www.aic.uva.es/clasicos/juanmanuel/juanmanuel-texto.html

  • Crónica de la provincia de Albacete (Roa Erostarbe, Joaquín)

https://iealbacetenses.dipualba.es/viewer.vm?id=0000060726&page=1&search=&lang=es&view=mono

  • La Memoria del Paisaje. Pasado y futuro de un patrimonio común (Ignacio Abella)

www.librosdeljata.com/libros/la-memoria-del-paisaje-pasado-y-futuro-de-un-patrimonio-comun/


En defensa de la propiedad comunal

El ser humano sedentario está por naturaleza arraigado a la tierra y necesita de ella, en primer lugar y por encima de todo, como medio para la producción de su subsistencia. Sin tener plena soberanía sobre ella, no tiene plena soberanía sobre la capacidad de apropiarse de los bienes que pudiere producir por sí mismo para sobrevivir. Así como el ejercicio del trabajo debe ser libre, no-sometido directa o indirectamente por un tercero, lo mismo debe demandarse hacia los medios de producción y por ende, respecto a su correspondiente porción de territorio.

La apropiación comunal de un territorio es condición indispensable para poder ejercer plena soberanía sobre ella, mediante un sistema normativo de gestión, vigilancia y autodefensa concejil. La plena soberanía solo es posible ejercerla desde la categoría de propiedad, en tanto que libre disposición para su regulación mediante jurisdicción vecinal completa sobre un determinado territorio, es decir, para asegurar su pleno derecho de uso y disfrute. Así, la apropiación comunal sujeta a hábitos pre-políticos fraternales, a normas de coerción comunales y milicias concejiles de autodefensa, regulan y garantizan un uso comedido en el tiempo y en el espacio.

Así mismo, de cara a los litigios sobre lindes con comunidades vecinas o por intentos de apropiación colonizadora exterior, la propiedad determina qué es y qué no es lo que debe defenderse, para asegurar la soberanía y la supervivencia en el tiempo de las comunidades humanas. Una comunidad humana autogobernada instalada en un determinado territorio, bajo unos lindes prefijados, ocupa una extensión de territorio definida, delimitada, que no puede ser ambigua, es o no es, pertenece o no, y es así como se autodeterminan las comunidades humanas, sobre unos lindes bien definidos. Así se han constituido históricamente los municipios, como agrupaciones de aldeas, caseríos dispersos, cascos urbanos, como combinación de todas o alguna de estas modalidades.

Nada en el universo existe sin su correspondiente límite o membrana que le otorga mismidad, identidad propia, así como capacidad de interacción con el exterior, con la parte complementaria ajena a su propia identidad, su entorno.

Tradicionalmente un municipio soberano se ha vertebrado en varias categorías de propiedad de la tierra, que básicamente podríamos resumir en comunales-vecinales y familiares: los primeros engloban las tierras comunales que jurisdiccionalmente pertenecen al conjunto de los vecinos reunidos en concejo, sin posibilidad de enajenación o venta, otros medios de producción comunales construidos mediante ayuda mutua vecinal o donados al común a partir de trabajo particular, las tierras más lejanas a los núcleos de población, compuestos por bosques, praderas y otras tierras de labor, ríos, caminos, plazas, calles, y un lago etcétera. Los segundos, las casas y las tierras vinculadas a las familias que habitan el municipio y que son propiedad de la casa familiar y por tanto de su familia. Recalcar que de antaño la familia tradicionalmente pertenece a la casa y no la casa a la familia. La propiedad privada “sin más” es tolerada, siempre que, esté ajustada a medida, no implique enajenamiento salarial de terceros y esté vinculada a la subsistencia.

Tanto la naturaleza bipartida de la sociedad como la del sujeto, hacen irreversible una permanente tensión entre las fuerzas estatalistas (hacia la concentración del poder y la propiedad) y las descentralistas (hacia la distribución del poder y la propiedad). Los primeros, usaran la fuerza junto con el registro de la propiedad de la tierra para apropiarse para sí los medios de producción e incrementar su poder; los segundos, deben defenderse y preservar la comunalidad. Los primeros, sobre la base de la propiedad privada pondrán en circulación la propiedad para poder así fomentar su concentración, fiscalización e incrementar su poder, para enfrentar así a las fuerzas descentralistas y apropiarse de su riqueza y medios de subsistencia. Esto será siempre así, ya que el paraíso terrenal de la paz perpetua jamás existirá.

El pueblo organizado comunalmente debe tener una noción de propiedad bien definida, precondición de soberanía plena sobre su territorio, para poder hacer frente a los litigios legales o belicosos a los que se deberá enfrentar. Definir la propiedad y sus límites permite determinar aquello que debe defenderse y supone la garantía suficiente, a priori y según la capacidad de autodefensa y de diplomacia, para proteger la superficie de territorio que hace posible el desarrollo de la comunalidad.

El Comunal o la Renta Básica Universal (RBU)

El progresismo estatólatra está obsesionado con que la gente común reciba una renta incondicional con la que pueda cubrir sus necesidades básicas, o en otras palabras, pueda hacer lo que le de la gana con una cantidad mensual de dinero ingresada en su cuenta bancaria. Esa es la libertad por la que abogan: la de recibir dinero y gastarlo en lo que a uno le venga en gana. Con otras palabras. Vivir del cuento. Vivir un cuento de miseria en el que quienes ostentan el poder y la riqueza lo seguirán ostentando, mientras la cultura de las migajas sirve para hacer más pasivas y dependientes a las clases populares. Más animales, menos humanos.

El liberalismo estatofílico tiene una posición contraria a esta medida, ya que según ellos, cada cual debería competir en un teórico mercado libre, con su fuerza de trabajo y creatividad, sin la caritativa renta estatal. Falacia capitalista que proporciona el mismo resultado que el anterior: sometimiento por la vía de la acumulación de unos pocos para dominar la voluntad de los muchos.

Bien, todas estas propuestas utópicas son antes que nada indeseables y después irrealizables. Son indeseables porque se implantan desde arriba, neutralizan las capacidades humanas para su libre desarrollo en el acto creativo del trabajo libre y anulan la voluntad del individuo. La RBU solo es posible con un Estado todo poderoso en el que la persona es solo un animal que debe sobrevivir materialmente al margen de su libertad, que para nada sirve. Ser sumiso y dependiente de la renta estatal, del imperio de la ley (el que algo quiere, algo le cuesta).

En lugar de entregar rentas incondicionales dinerarias (donde el uso del dinero es solo secundario), la sociedad popular altomedieval se dotó de un fantástico sistema universal de apoyo mutuo: el Comunal. Este sistema se basó en la apropiación comunitaria de las tierras y los medios de producción, instaurando el usufructo universal para todos los vecinos y vecinas de una población determinada. Es decir, la gente se entregó a sí misma un sistema de justicia redistributiva para poder garantizar la reproducción de la vida de todos los vecinos, con la condición de que debían trabajar con sus propias manos y medios para lograr su subsistencia. Se instauró así el TRABAJO LIBRE UNIVERSAL, donde nadie es más que nadie, donde el concejo de los vecinos libres establece las normas de uso de los bienes comunes que garantizan el acceso libre para todos. Propiedad comunal, trabajo universal, libertad individual.

En la sociedad tradicional, mientras ha dominado el ente popular, ha primado el Comunal junto con las instituciones de auxilio, cofradías, fraternidades y todo un conjunto de asociaciones para el socorro y el apoyo mutuo. Además, cabe reseñar que la sociedad Comunal ha sido ante todo una sociedad del amor y los cuidados, de la ayuda y el esfuerzo desinteresados, de la preservación y la sostenibilidad en actos, del conjunto de la naturaleza y de las relaciones afectivas para con los iguales. La sociedad contemporánea del mercadeo, de las pagas y subvenciones, no puede decir lo mismo: en ella todo se compra y se vende, desde los derechos de emisión de CO2 hasta los criados que “cuidan” de nuestros ancianos.

El espíritu de comunalidad ha sido la mejor garantía para que todo el mundo pudiera producir y cuidar libremente, al contrario de la RBU que pretende universalizar el consumo. Universalizar el consumo (la pasividad) frente a universalizar la producción (la actividad), esa es la gran paradoja del obrerismo contemporáneo frente al comunalismo altomedieval. En el modelo liberal, la única salida para los desposeídos es ser esclavo-salariado de quienes ostentan el poder y la riqueza, esa es su condena. Por eso frente al modelo liberal el Comunal es la garantía de que todo el mundo pueda vivir dignamente y desarrollarse económicamente, todo lo que pueda acaparar con su trabajo y el de sus iguales, nunca a costa del trabajo de los demás.

¡No a la Renta Básica Universal!
¡Sí al Comunal! ¡Sí al Trabajo Libre Universal!

Gka

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Proyecto para la formación de Comunidades Integrales Revolucionarias

Este Proyecto se publica de manera gratuita y desinteresada a conciencia. Incluso, se podría afirmar que ponerle un precio sería minusvalorarlo. Además, la intención es que este escrito llegue al máximo número de personas posible.

La naturaleza del Proyecto en sí es ante todo preparatoria. A pesar de que contiene una fracción importante de elementos prácticos, su esencia es inspiradora. Pretende estimular un nuevo movimiento histórico de carácter comunitario-colectivista. Pretende servir como fase previa necesaria, en la cual se reflexiona y planea cómo se puede materializar hoy día una revolución comunal, del amor, e integral.

En la historia universal, y en la nuestra peninsular, tenemos diversos ejemplos  de revoluciones similares; que han inspirado en parte esta obra. Ergo lo que se expone en ésta no es nada especialmente insólito ni original.

Con el propósito de analizar dichas revoluciones, así como suplementar este Proyecto, un servidor decidió elaborar un Prefacio extenso que lo complementara; el cual he elaborado junto a Félix Rodrigo Mora.

Así que de manera paralela, debido asimismo a su profusa extensión, el Prefacio y este Proyecto se han publicado conjuntamente como libro en papel bajo el título Vida comunal y transformación. La Comunidad Integral Revolucionaria.

Mas el Proyecto por sí mismo contiene numerosos ingredientes inspiradores. Suficientes para proyectar desde ya la constitución de esa vida comunitaria que tanto precisamos.

Puesto que, como se argumenta en este escrito, es la vía más factible para transformar el mundo; y, por ende, para salvarlo de la catástrofe.

José Maenza

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Las desafectaciones por la vía renovable y las luchas por la recuperación del Comunal

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Salvo honrosas excepciones, de lo que hoy aún queda de Comunal, los llamados bienes comunales o concejiles son bienes de los que se ha apropiado el Estado (ya sea mediante las categorías de “utilidad pública” o a través de los ayuntamientos mediante los bienes “patrimoniales” o “de propios”) ante la práctica disolución de los concejos, es decir, de la máxima expresión de la democracia vecinal directa, la única legitimada para la gestión del Comunal. La vecindad, el común de los vecinos reunidos en asamblea (en concejo), es quien tienen la potestad moral y legal (en base al derecho consuetudinario) para reglamentar el uso de los comunales. Sin embargo, los diferentes procesos desamortizadores, la legifilia institucional y los artefactos ideológicos modernizantes han acabado con el espíritu de comunalidad y, por ende, con los bienes concejiles. Hoy para la mayoría son solo “tierras comunales en desuso”.

Entrados como estamos en un nuevo ciclo de crisis civilizatoria, incluida la económica, junto con la oleada ecomodernizadora de la energía verde, los cerca de 7 millones de hectáreas que aun hoy quedan de Comunal están en claro riesgo de desaparición por vía de la privatización forzada por parte del Estado y la gran empresa. Por un lado, el Estado necesita sacar tajada de cualquier recurso que le ayude a elevar su caja dineraria, lo mismo que todos los estamentos que lo componen, como son comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades menores (concejos, parroquias, etc.). Estas últimas, en gran medida gestionadas por caciques y/o representantes locales, ausente ya el espíritu de comunalidad y sobrepresente el espíritu del “sacar tajada a cualquier precio”, están desafectando grandes cantidades de comunal para la instalación de parques eólicos y solares, hipotecando esos terrenos para siempre. En la práctica, es un sistema piramidal de arriba abajo de imposición de la agenda ambientalista. Cantidades ingentes de subvenciones estatales para la instalación de infraestructuras, la creación de leyes y la instauración de estados de ánimo pro-renovables. Al parecer lLos ecologistas nada tienen que decir, de esto, cuando es de sentido común que la apropiación forzada de tierras y bienes de las comunidades rurales, producen la mayor degradación posible sobre el medio ambiente, sobre la flora y la fauna toda ella.

Los gigavatios ya instalados en molinos y placas se quedan cortos con el aluvión de peticiones que los últimos meses se han recibido para llenar campos y montes de mares de hierro y circuitos electrónicos. Todo un avance. Para muestra un botón. Otero de Toral y Toral de los Vados (pedanías en la comarca del Bierzo). Allí los caciques locales han autorizado la tala de un bosque vecinal para instalar un “huerto solar”. Lo de huerto, es porque se los han llevado al huerto. Y otro. Corella (Navarra). Allí se pretende la instalación de un macro parque fotovoltaico en terrenos comunales (o “corraliceros” como se les llama en la parte medio-sur de Navarra). La lista es interminable y todos estos huertos de la muerte se les deben sumar los miles de molinos de viento que copan montes y veredas.

La respuesta ante tal tropelía ha de ser la autoorganización popular y pasar a la gestión vecinal directa del territorio, con un mensaje claro: ¡No a las desafectaciones de comunales por la vía de las renovables!

Las comunidades que viven y gestionan el territorio, lo cuidan, establecen mecanismos participativos directos para realizar la mejor y más equitativa gestión del medio, de la vida toda ella. El Estado y la clase empresarial, la pedantocracia y los pose-ecologistas, desde sus despachos y redes sociales, solo pueden degradar y destruir el medio natural, como ya lo están haciendo, hacinándonos en ciudades mugrientas donde el espíritu de comunalidad solo se huele en determinados ambientes marginales.

Los comuneros que hoy ya son escasos, el alma viva de las vecindades, siempre fueron gentes sencillas, en su mayoría anónimas que, a las puertas de la guerra del 36 del siglo XX, reclamaban el uso vecinal del Comunal, en tanto que legítimos propietarios del mismo en calidad de vecinos.

Hace poco tiempo, en un paseo por las calles de la pequeña localidad navarra de Torres del rio, pude ver un pendón que colgaba del balcón de una vivienda, donde se exclamaba justicia para un tal Florentino. La curiosidad me llevó a consultar la historia de aquella reclamación y resultó que en otoño de 1936 Florentino Rubio Martínez (Torres del Río, 1895), por el que se reclamaba justicia, fue llevado preso, posteriormente ejecutado y finalmente arrojado a una fosa común por “haber reivindicado ante el Ayuntamiento de entonces lotes de leña y terrenos de comunal”. Como bien ha estudiado Félix Rodrigo Mora en su libro “Investigación sobre la segunda república española”, la causa primera que dio lugar a la guerra civil fue la progresiva revolucionarización de las clases populares y trabajadoras, especialmente las del mundo rural, entre las que la reivindicación del Comunal fue su máxima expresión. Miles de personas como Florentino perdieron la vida, ante la necesidad de parar a toda costa la insurrección popular y las reclamaciones comunalistas. En su nombre, una de las principales labores que podemos emprender quienes abogamos por la reinstauración del Comunal desde la base de una sociedad convivencial, debe ser la de esclarecer y sacar a la luz la reclamación popular que se tornó avalancha en la primavera de 1936 y pergeñar un retorno a la ruralidad donde la bandera de la comunalidad ondee bien alto.

Nos servirán de inspiración para ello las luchas que diferentes pueblos ibéricos han llevado a cabo para recuperar de manera efectiva su Comunal, como es el caso de los aezkoanos (en Nafarroa) en su brega por recuperar sus montes comunales usurpados por el Estado en 1784. 200 años de lucha dieron sus frutos y en 1984 los montes pasaron de nuevo a titularidad de sus legítimos propietarios, los vecinos del valle.

La aldea de Lakabe en Navarra, despoblada a inicios de la década de los sesenta del siglo XX, fue repoblada en el año 1980 por unos intrépidos pobladores. En el periodo 1986-91, como consecuencia de la Ley Foral de Administración Local, algunos pueblos pasan de ser concejos a concejos tutelados, e incluso en 1991 muchos desaparecen. Lakabe en 1986 es concejo tutelado y en 1991 se convierte de nuevo en concejo, recuperando sus nuevos pobladores la potestad sobre las tierras comunales pertenecientes al antiguo concejo.

Los vecinos de Aldán (Pontevedra, Galiza) iniciaron en 2004 una demanda para reclamar por la vía legal unos terrenos pertenecientes a los montes comunales de la parroquia. Bajo el lema “O monte é noso” los vecinos exigieron sus montes pero finalmente, tras un dilatado proceso judicial, en 2020 el Tribunal Superior de Xusticia de Galiza desestimó la reclamación.

Algo similar les sucedió a los vecinos de Los Yébenes, en Toledo, que entablan un pleito para recuperar su comunal expropiado por el Estado y finalmente lo pierden, teniendo que hacerse además cargo de las costas del juicio.

Estas dos experiencias, la de Aldán y la de Los Yébenes, ¿enseñan? que dejar los bienes comunales en manos de la justicia estatal, acérrimo enemigo del Comunal, es un acto de ingenuidad, que puede comportar consecuencias desmoralizantes y un enorme gasto de energía y dinero. Cualquier reivindicación por el Comunal debe tener un fuerte componente de autoorganización vecinal, de lucha callejera y de legitimar las reclamaciones por la vía de la acción directa, para presionar a los estamentos estatales y hacer valer los antiguos usos y costumbres.

En los últimos años ha emergido en Burgos, entorno al barrio de Gamonal, otra iniciativa de lucha por la recuperación de unos antiguos terrenos comunales adyacentes a la ciudad que se apropió el ejército, que bajo el nombre de Artillería Comunal reclama mediante una asamblea vecinal movilizada, la gestión directa del lugar. Veremos hasta donde pueden llegar.

Cada trocito de tierra defendido, parcela de comunal preservada o monte comunal repoblado con especies autóctonas; cada Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común, asociación, asamblea vecinal o plataforma de denuncia y oposición, deben confluir en una lucha común en favor del Comunal.

Gka